En medio de un consejo de ministros en Montería, el Gobierno Nacional confirmó que emitirá un decreto de emergencia económica para enfrentar los daños causados por la ola invernal, especialmente en el departamento de Córdoba. La medida busca recaudar 8 billones de pesos mediante ajustes tributarios directos, una decisión que se toma tras el reciente hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
Impuestos a la riqueza para atender la emergencia El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el recaudo se centrará en un esquema de tributación progresiva. “Se necesitarían cerca de 8 billones de pesos para enfrentar las inundaciones”, señaló el jefe de la cartera. La medida afectará a los patrimonios más altos: fortunas de 10.000 millones de pesos tributarán el 0,6 %, mientras que aquellas que alcancen los 30.000 millones pagarán un 1,2 %. Según el Ejecutivo, este dinero es indispensable para restablecer infraestructuras y servicios esenciales en el Caribe colombiano.
El conflicto con el Congreso y la Corte La declaratoria de emergencia no es un hecho aislado. El Ministerio de Hacienda fue enfático al señalar que el Congreso, al negar el debate de fondo de la reforma tributaria, limitó la capacidad de respuesta oportuna del Estado. “La decisión se adopta en un contexto fiscal complejo, luego de que se hundiera la Ley de Financiamiento, lo que incrementó la presión fiscal”, detalló el ministerio en su reporte oficial.
Sin embargo, el Gobierno camina sobre una cuerda floja jurídica. El año pasado, la Corte Constitucional suspendió una medida similar al considerar que los hechos invocados no eran “imprevisibles”. En esta ocasión, el Gobierno argumenta que el actual frente frío y las inundaciones masivas en Córdoba son fenómenos naturales que sí cumplen con los requisitos constitucionales para emitir decretos con fuerza de ley.
Recuperación territorial Además de Córdoba, departamentos como Sucre y Bolívar están en la mira de la inversión proyectada. Los recursos no solo se destinarán a la atención inmediata de la población, sino a cubrir sobrecostos en el sistema de salud y seguridad que han sido agravados por la situación climática. Con la firma de este decreto, el presidente Petro vuelve a utilizar sus facultades excepcionales para gestionar recursos que no logró negociar por la vía legislativa ordinaria.
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